Temor por extinción de organismos autónomos
El pleno de la Cámara de Diputados discutirá la reforma constitucional que plantea la extinción de siete órganos autónomos el día de hoy
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer que la aprobación de la reforma judicial que busca eliminar siete órganos autónomos, necesita una nueva estructura administrativa que garantice la autonomía de las decisiones que deben ser técnicas e independientes, de la agenda del Poder Ejecutivo.
En el marco de la aprobación de la reforma, el IMCO analizó los riesgos que conlleva la desaparición de los órganos autónomos a través de las cuatro funciones que se trasladarán y cuáles son sus implicaciones para la competitividad.
En este rubro se encuentra el combate a los monopolios y la garantía de la competencia en beneficio de todos los consumidores, por lo cual se requiere una institución que tenga capacidades sólidas de investigación.
Entre los órganos autónomos que se pretenden eliminar destacan: Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Los riesgos que tiene la desaparición de ambas instituciones para la competitividad son las carencias en la imparcialidad que se exigen. Esto podría traer un clima de inversión poco certero para las empresas, ya que los fallos podrían emitirse basados en intereses particulares y no en técnicas.
Por otro lado, la eliminación de estos órganos puede resultar un incumplimiento en las relaciones comerciales del país en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).Es preciso que se consolide una institución independiente y autónoma, encargada de la investigación y sanción de prácticas que afecten la competencia en los mercados.
También los órganos que la reforma eliminaría son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que sus funciones se trasladarían a la CFE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), funciones trasladas a la Secretaría de Energía.
El riesgo de la eliminación de ambos órganos es que el poder Ejecutivo podría fungir como “juez y parte” en las decisiones sobre permisos y tarifas en los mercados de energía para beneficiar a los actores del Estados.
Lo anterior, a pesar de que el T-MEC marca en el capítulo 22 una disposición sobre la necesidad de garantizar que los organismos reguladores de empresas que existen en el Estado ejerzan de manera imparcial.
